martes, 19 de abril de 2011

Cantabria, Asturias y León quieren controlar desde junio los Picos de Europa

Castilla y León, Asturias y Cantabria pedirán al Ministerio de Medio Ambiente adelantar el traspaso efectivo de las transferencias, previsto para septiembre, al 1 de junio de 2011. Así lo decidió ayer en Oviedo la Comisión de Gestión del Parque Nacional Picos de Europa, que durante 2011 preside la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz.

La capital del Principado acogió ayer la segunda sesión de esta comisión a la que han asistido, además de María Jesús Ruiz, los consejeros de Medio Ambiente de Asturias, Francisco González Buendía, y de Desarrollo Rural de Cantabria, Jesús Oria.

En la toma de decisiones en todo momento imperó el sentido unánime de las autoridades de las distintas comunidades autónomas que integran el parque para preservar la gestión unitaria de los valores naturales que este espacio alberga y su conservación.

Entre otros asuntos, el órgano de gestión aprobó iniciar el proceso para la contratación del futuro gerente del Consorcio Interautonómico del Parque Nacional, que estará abierto a funcionarios de las tres administraciones públicas.

La Comisión fue informada de que ya está listo el mapa digital, a escala 1:10.000, de la vegetación del Parque Nacional de los Picos de Europa. Igualmente, durante este encuentro se acordó seguir apostando por el programa de reintroducción del Quebrantahuesos en el Parque. El Parque Nacional será gestionado de forma coordinada, a través del Consorcio Interautonómico, entre las tres comunidades autónomas con el objetivo de ejercer de forma conjunta y coordinada actuaciones comunes.

El 14 de diciembre de 2010 tuvo lugar la firma del Real Decreto de transferencia a Asturias, Cantabria y Castilla y León de las competencias sobre el Parque Nacional Picos de Europa, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que la gestión de estos espacios naturales corresponde a las comunidades autónomas. El acuerdo económico alcanzado supone un traspaso por parte del Gobierno de España de 7,9 millones de euros al año.


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